Ministerio de Trabajo exige pero no cumple derecho de trabajadores

El Ministerio de Trabajo es rápido para actuar contra las empresas privadas que no cumplieron con el derecho al aguinaldo pero hace la “vista gorda” cuando se trata de una institución a su cargo como el SNPP.
Monumento a la hipocresía. El Ministerio de Trabajo, a cargo del ministro Guillermo Sosa, tiene en la mira a 53 empresas denunciadas por no haber pagado el aguinaldo a sus trabajadores.

Sin embargo, no ha adoptado ninguna medida en contra del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), institución a cargo del Ministerio de Trabajo, cuyo director Ramón Maciel, confesó públicamente no haber pagado el aguinaldo a 372 trabajadores.

En declaraciones a ABC Color, Maciel afirmó que no se pagó el aguinaldo a 372 instructores contratados echándole la culpa al Congreso por no haber aprobado una ampliación presupuestaria para tal efecto.

“El hecho de tener el mismo presupuesto vigente en el año 2016 nos obligó a solicitar una reprogramación presupuestaria, que fue presentada en los plazos correspondientes y en la debida oportunidad lo cual no fue aprobado por el Congreso”, sostuvo el director del SNPP.

Curiosamente ni un solo funcionario administrativo quedó sin el sobresueldo tan anhelado. Sin embargo, quienes realmente dan vida a la institución, que son los instructores (los que brindan los cursos de capacitación), una vez más fueron denigrados con la no percepción de sus aguinaldos.

Ya en más de una ocasión los instructores denunciaron el grosero atraso, incluso por varios meses en el cobro de sus salarios, sin que el director Ramón Maciel sean tan siquiera cuestionado por su mentor y padrino, Guillermo Sosa.

Ruleros de oro

Recordemos que el SNPP ha sido seriamente cuestionada por una serie de irregularidades administrativas como la adquisición comprobadamente sobrefacturada de insumos para los cursos de gastronomía y peluquería. Los famosos “ruleros de oro” que a pesar de estar todo documentado, así como el pago sobrefacturado de pasajes aéreos, licitaciones amañadas y otras graves irregularidades de la actual administración, ni la Contraloría General de la República ni la Fiscalía han tomado cartas en el asunto permitiendo total impunidad dentro de la institución.

Por Marcos R. Velázquez, Abc Color

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