Ley sancionada no despenaliza declaración jurada, aclaran: “No se quita esa atribución”

El diputado colorado Derlis Maidana aclaró que la ley sancionada de la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos reglamenta el proceso administrativo al establecer primero multas cuando se hallen inconsistencias, pero remarcó que no se quita la potestad a la Contraloría de denunciar como última opción ante la Fiscalía al encontrar indicios de delitos.

En conferencia de prensa, el legislador Derlis Maidana indicó que son dos los puntos discutibles en la normativa sancionada ayer en la Cámara Baja: la publicidad de las declaraciones juradas únicamente mediante una orden judicial y la supuesta despenalización cuando existen errores en los datos declarados.

Respecto al primer punto, el congresista colorado recordó que la ley 5033/13 y su modificatoria del 2019 establecen que las declaraciones juradas deben ser autorizadas judicialmente para su publicación. “Si se veta esta normativa, seguirá de la misma manera”, acotó.

Consultado sobre cuál es el motivo para no dar a conocer todas las declaraciones de los funcionarios públicos, el político alegó que se tomaron en cuenta los antecedentes de otros países y que por cuestiones de seguridad se optó resguardar estos datos. Alegó en ese sentido que los funcionarios pueden ser pasible de robo, extorsión u otros delitos al darse a conocer sus patrimonios.

Con relación al segundo punto, el integrante del movimiento Honor Colorado negó que la propuesta legislativa que ahora está en manos del Poder Ejecutivo plantee una despenalización cuando se cometan errores a la hora de declarar los bienes. Explicó que al contrario el proyecto establece un acto administrativo en la Contraloría General de la República.

Ejemplificó que un funcionario presenta a la Contraloría su declaración jurada y si la institución no está conforme, puede solicitar informes al afectado u otros entes estatales. En el caso de que no se regularice la situación, se podrá establecer una multa de hasta 500 jornales. Luego de esto, si es que todavía existen irregularidades, recién en este último tramo se establece la denuncia penal ante la Fiscalía, pero no se elimina esta posibilidad.

“Se le sigue atribuyendo a la Contraloría la posibilidad de denunciar ante el Ministerio Público cuando los resultados obtenidos revelen indicios de irregularidades o enriquecimiento indebido. En ningún momento hablamos de la despenalización”, dijo.

“Los delitos están expresamente establecidos en el Código Penal, en ninguna parte del proyecto se deja de lado eso. Lo que nosotros sostenemos es que no se le vetó ninguna función a la Contraloría”, remarcó por último.//EXTRA